Opinión: Essal en tiempos de crisis

Columna de opinión
Por Óscar Zenteno Chelech, abogado Máster en Derecho Ambiental, Pace University, NY, USA.

¿Debería la Superintendencia de Servicios Sanitarios, SISS, entidad fiscalizadora de las concesionarias sanitarias en Chile abrir un expediente de caducidad de la concesión?

La Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos S.A., Essal, actualmente se encuentra a la espera de la sentencia del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia en la causa por daño ambiental al lago Llanquihue, misma demanda que fue presentada en defensa del lago Panguipulli en 2017. Es la sanitaria cuyos gerentes o ex gerentes fueron formalizados por la contaminación del estero El Clavito en la comuna de los Muermos.

Según el artículo N° 26 de la Ley General de Servicios Sanitarios, excepcionalmente se puede poner término a la concesión, si el servicio no se encuentra en condiciones de continuidad y calidad, o si la concesionaria no cumple con su programa de desarrollo de inversiones. Durante seis días 161 mil habitantes de la comuna de Osorno (Censo 2017) han sido víctimas de una crisis sanitaria y ambiental de proporciones. Entonces cabe preguntarse si el modelo monopólico llevado por Essal, en cuanto al suministro de agua potable y distribución y tratamiento de aguas servidas, es suficiente.

Desde 1990 que Essal se constituyó como una Sociedad Anónima filial de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), reemplazando al antiguo Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS). En 2008 Aguas Andinas, controladora de Essal, obtuvo el 99,9 por ciento de los derechos de las inversiones, es decir, hoy tiene la concesión sanitaria de distribución de agua potable, recolección y disposición de aguas servidas de toda la región de Los Lagos. Esta concesión es de carácter indefinida, no tiene plazo de término, y su titular se encuentra obligado a mantener permanentemente la continuidad y calidad en los niveles de dichos servicios prestados.

Por cierto toda la operación de un concesionario monopólico no puede verse comprometida por un derrame de combustible tras cargar un generador. Resulta un imperativo robustecer la infraestructura sanitaria en la región. Claramente las inversiones que realiza la sanitaria a través de su programa de desarrollo son insuficientes y queda a la vista la falta de regulación y fiscalización por parte del Estado. En este caso Derechos Fundamentales se ven ampliamente comprometidos, tales como el Derecho a la vida, a la salud y a vivir en un medio libre de contaminación, todos contemplados en la Constitución Política de la República de Chile.

En un contexto de escasez hídrica, debido a los graves efectos del cambio climático que sufre el país, la garantía de tales derechos se vuelve determinante. Recordemos que el 25 de febrero de 2017 Aguas Andinas se vio obligada a paralizar la producción de agua potable y suspender el suministro por varios días en la región Metropolitana. Esto debido al aumento del caudal del río Maipo, lo que causó el enturbiamiento de las aguas.  Frente a la escasez hídrica y a los problemas en la gestión del recurso se requiere un rol más proactivo del sector sanitario. Las concesionarias debiesen gestionar adecuadamente los planes de prevención y emergencia sanitaria. Es inminente mejorar la respuesta a los eventos de sequía de manera de brindar seguridad de abastecimiento. Así como también aumentar la tasa de reposición de la infraestructura que haya alcanzado su vida útil. El acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.

 

 

 

 

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2019-07-18T13:36:13+00:00 Categories: Columnas de Opinión|