La columna de opinión destaca la preocupante realidad evidenciada por la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (ENUSC), donde el 90,6% de las personas perciben un aumento en la sensación de inseguridad, marcando un récord histórico. Además, el estudio del Clapes UC revela que el 85,2% cree que la delincuencia ha aumentado, afectando la conducta de las personas. Se enfatiza el impacto en la industria del retail, con un aumento del 15,2% en delitos violentos durante el primer semestre de 2023. La inversión en seguridad por parte del sector privado ha aumentado, y se destaca la necesidad de colaboración entre el sector público y privado para abordar el desafío colectivo. Se subraya la importancia de acciones concretas, efectivas investigaciones penales y sanciones para revertir los alarmantes índices de inseguridad.
27.12.2023
Por Eduardo Hernández
Gerente Legal de ALTO
Los recientes resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana (ENUSC) han puesto de manifiesto una realidad preocupante en el país. La creciente ola delictiva y aparición de nuevos fenómenos -aparentemente de importación- ha devenido en el aumento del porcentaje de personas que perciben que la sensación de inseguridad ha aumentado en el país, alcanzando un récord histórico del 90,6%.
Como complemento de ello, el reciente estudio del Clapes UC, sobre el costo económico de la delincuencia en Chile, ha revelado que el 85,2% de la población cree que ha aumentado en el país, lo que a su vez ha impactado en la conducta de las personas, quienes evitar, por ejemplo, salir de noche, caminar solos, sacar dinero en cajeros automáticos, entre otros.
Este aumento de hechos delictivos, acompañado del incremento en los niveles de violencia, ha golpeado también a la industria del retail. Según los datos recogidos por ALTO, durante el primer semestre de 2023, en promedio los delitos violentos aumentaron un 15,2% en relación al mismo periodo del año 2022 para este sector. Además, se concluyó que el uso de armas de fuego experimentó un incremento del 20,8%.
A lo anterior, resulta interesante sumar el análisis que entrega el estudio de Clapes UC, que informó un aumento del 94% de los costos totales asociados a la delincuencia medidos en millones de dólares del mismo poder adquisitivo durante los últimos 10 años en Chile (2013-2022), lo que en cifras significa un aumento de US$ 3.168 millones a US$ 6.140 millones. Y solo para el sector privado estos costos se cuadruplicaron en la última década (17,4% promedio anual).
En ALTO hemos visto cómo el sector privado ha debido incrementar el gasto en seguridad, adoptando medidas preventivas y reactivas para resguardar sus instalaciones, trabajadores y clientes, junto con ser colaboradores activos en la persecución penal.
Teniendo a la vista los datos expuestos, resulta vital entender que el combate contra la delincuencia, en los tiempos que corren, responde a un desafío colectivo que requiere la colaboración estrecha entre el sector público y privado.
Este enfoque conjunto, va en línea a los anuncios entregados por el ejecutivo en cuanto al diseño e implementación de una política nacional de seguridad pública y al fortalecimiento del Ministerio Público y las policías. Lo anterior, deberá traducirse en el diseño e implementación de acciones robustas y concretas que contribuyan a revertir los alarmantes índices que ha dado a conocer la ENUSC en su última edición.
Será crucial entender que, más allá de endurecer las penas en abstracto, la efectividad de las investigaciones penales y posteriores sanciones efectivas resultan clave para lograr resultados a largo plazo. Asimismo, la colaboración entre el gobierno central, gobiernos locales, sistema de justicia, Ministerio Público, fuerzas de orden y seguridad, y por cierto el sector privado se convierte en un pilar fundamental para abordar este problema de manera integral.