Los columnistas denuncian que la administración municipal de Tomás Gárate desarrolla una “campaña de desprestigio” contra los concejales que rechazaron su propuesta de licitación del Estadio Ewaldo Klein, debilitando la legítima deliberación del Concejo Municipal de Puerto Varas. Afirman que los concejales, afectados por las acusaciones del alcalde, presentaron argumentos técnicos y jurídicos, por tratarse de una empresa sin experiencia con juicios vigentes.
05.09.2024
Por Matías Domeyko, IdeaPaís y
Jordi Dagá, Amarillos por Chile
Lo que ocurrió ayer en el concejo municipal y lo que ha sucedido durante las últimas semanas en Puerto Varas, requiere atención. Hemos visto cómo se ha denostado públicamente a los concejales, que se opusieron en su primer momento a la adjudicación de la obra para la construcción del Estadio Ewaldo Klein, y ahora hemos visto cómo se han ejercido medidas de presión, dentro del concejo municipal, que no son acordes para que este órgano pueda funcionar saludablemente.
En primer lugar, independiente de las razones esgrimidas por los concejales, que han votado rechazando en las dos instancias, desde el comienzo hubo argumentos técnicos y jurídicos de sobra para hacerlo. La empresa obtuvo un porcentaje menor al establecido en las mismas bases, para que la oferta no pudiera ser considerada como “temeraria”, y esto ocurre porque acreditó cero experiencia en obras anteriores de este tipo, independiente de que la comisión evaluadora haya podido no considerar la oferta como temeraria. Como si esto fuera poco, la empresa posee juicios vigentes por abandono de obras similares en la Región Metropolitana.
En relación a la campaña de desprestigio, que se desató en contra de los concejales, se sostuvo que estos no estaban interesados en la comuna, sino que actuando bajo “intereses personales o partidistas” en el contexto pre eleccionario. Esto es absolutamente absurdo, ya que desde un comienzo todos sabemos que hubiese sido mucho más popular aprobar la construcción del estadio que oponerse. En general, la responsabilidad fiscal de cuidar la plata de todos nunca ha sido algo popular, pero está en el corazón del bienestar de la comuna y es una labor insoslayable de los concejales.
Tenemos la visión de que, lamentablemente, el alcalde y la actual administración montaron un verdadero carnaval político y comunicacional sobre un problema que, insistimos, era técnico. Carnaval al cual se sumaron -sin pudor- una gran cantidad de autoridades y referentes del oficialismo, tanto a nivel regional como nacional. Incluso el Partido Comunista sacó una declaración apoyando al alcalde y utilizando sus mismos argumentos; además se ejercieron medidas de presión afuera de concejo. Desde este punto de vista, quienes actuaron empujando una agenda comunicacional y política ajena al bienestar de la comuna fueron la administración del alcalde Gárate y el oficialismo.
Ahora bien, hay una tercera arista que queremos mencionar, y que a nuestro juicio es la más grave: el desprecio a la legítima deliberación del concejo municipal que mostró el alcalde en esta materia. El municipio llevó la propuesta al concejo municipal y pretendió que la única alternativa de los concejales fuera votar en forma unánime al alcalde y su administración. Lo que ocurrió ayer es grave porque implícitamente se amenazó a los miembros del concejo con que se les extenderían las responsabilidades legales de las demandas que la empresa podría haber impuesto, siendo que si la empresa demandaba, esto sería porque la comisión evaluadora decidió no evaluar la oferta como temeraria a pesar que las bases indicaban que con dicho puntaje era suficiente para hacerlo.
Con estas dinámicas a la vista, hay ciertas preguntas de fondo: ¿Es razonable que algo pueda ser votado si hay ciertas opciones de voto que no son “legítimas”? ¿Qué alternativa tenían los concejales que pensaban que no era responsable adjudicar una obra a una empresa que no logró acreditar experiencia y que posee complejas situaciones legales? Independiente de que efectivamente la comisión evaluadora -compuesta por personas cercanas al alcalde- haya decidido no considerar la oferta como temeraria, ¿no estaban los concejales en su legítimo derecho de rechazarla si las mismas bases establecían que la oferta podía ser considerada como tal? Por último, existe una interrogante que la administración municipal no responde: ellos sostuvieron que la comisión evaluadora debía ceñirse exclusivamente a los antecedentes presentados en las bases, y que por lo mismo no podían haber considerado las situaciones legales de la empresa. ¿Bajo qué antecedentes pudieron concluir entonces que la empresa sí tenía experiencia si esta no la presentó en la postulación?
Todas estas interrogantes quedan abiertas, no obstante, aquí hay una reflexión de fondo: podemos no compartir cómo votaron los concejales que rechazaron, pero debemos respetar su voto. El concejo municipal fue diseñado para que puedan existir diferencias entre el alcalde y los concejales, garantizando los contrapesos necesarios para el ejercicio razonable de la autoridad. No podemos pretender que las diferencias del Concejo se resuelvan de otra manera a la de convencer a la contraparte mediante el diálogo respetuoso, lo cual no incluye las campañas de desprestigio o las amenazas legales implícitas. Lo ético en el ejercicio de la autoridad va más allá de lo estrictamente legal.
Una autoridad debiera velar porque nunca se interpongan presiones que coartan la libre deliberación de los representantes en los espacios que ellas lideran. Lo que hemos visto es preocupante porque la democracia -que no es otra cosa que la posibilidad de sostener diferencias dentro de nuestra comunidad y de poder manifestarlas a través de los canales adecuados- hay que cuidarla en todos los espacios, y esto incluye a los gobiernos locales.
Esperemos que todo salga bien con la construcción del Estadio, que por cierto es un anhelo que todos tenemos, y que no nos encontremos con imprevistos a futuro. Sería especialmente grave frustrar las expectativas de la comunidad considerando que el concejo municipal no estuvo exento de presiones a la hora de deliberar sobre esta materia.
