Sra. Directora:
Recientemente, varios organismos públicosen nuestro país han sido víctimas de ataques cibernéticos que han entorpecido su funcionamiento, y que han expuesto información sensible. Sin embargo, estos ataques nonecesariamente presentan altasofisticación. Más bien, han aprovechado descuidos, como vulnerabilidades en software desactualizado u obsoleto.Muchas entidades públicas y privadas en nuestro país podrían ser víctimas de ataques similares.
La actividad cibercriminal en el mundo crece anualmente a tasas de dos dígitos. Según Cybercrime Magazine, para 2025 se estima que podrá costar al mundo 10,5 billones de dólares(la mitad del PIB de EE.UU).La jurisprudencia en materia de ciberdelito es escasa en nuestra región y los criminales probablemente no perciben que exista una penalidad disuasiva. Además, la atribución precisa y definitiva del ciberdelito es incierta y un enorme desafío. Todoello parece indicar que los ciberataquescontinuarán en el corto plazo.
El estado y la industria deben desarrollar sus capacidadesde ciberdefensa y ciberinteligencia. La concientización para la prevención de ciber incidentesdebe ser una constante.Con la transformación digital, requerimos la ciberseguridad tanto en áreas tecnológicas, como en otras áreas funcionales yproductivas.En las universidades tenemos la tarea de ofrecer programas de calidad en esta materia. Nuestros legisladores y judicatura deben estar a la altura de todos estos desafíos.
Aprovechemos octubre que es nuestro “Mes de la Ciberseguridad”, para entablar colaboraciones interdisciplinarias e intersectoriales fecundas, para anticipar y enfrentar las amenazas cibernéticas que ciertamente emergerán en el futuro.
Claudio Alvarez
Profesor Investigador
Universidad de los Andes
11.10.2022
