La caducidad de concesiones salmoneras en Chile genera controversia. Autoridades y organizaciones exigen que se cumpla la ley y se declare oficialmente la caducidad de aproximadamente 400 concesiones acuícolas en el sur del país. A pesar de las solicitudes, el silencio de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas es preocupante. Según la Ley General de Pesca y Acuicultura, la no iniciación de operaciones o la paralización de actividades por más de dos años son causales de caducidad. Organizaciones y comunidades costeras piden transparencia y el fin de estas concesiones para proteger el medio ambiente y hacer cumplir la legislación vigente.
08.09.2023
Por Territorios Comunicacionales
La Comisión del Medio Ambiente del Consejo Regional de Los Lagos hace más de un mes obtuvo información sobre concesiones otorgadas a empresas salmoneras que se encuentran caducadas desde Sernapesca. Existen 400 concesiones acuícolas en Los Lagos, Aysén y Magallanes que estarían en causal de caducidad. Es por esto que diversas organizaciones del sur, parlamentarios y miembros del Core Los Lagos requirieron formalmente a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas un informe oficial al respecto.
También solicitan que se cumpla con la ley y declare oficialmente la caducidad, para que dichos espacios marinos mantengan una función a favor de las comunidades costeras, pero el silencio de Galo Eidelstein, quien está a la cabeza de Sernapesca, se volvió insostenible para los que requieren la información.
Organizaciones ambientales
Frente a este escenario, organizaciones han manifestado su rechazo por esta situación y desde Ecoceanos y la Agrupación Aisén Reserva de Vida, insisten en señalar que se debe transparentar la información y finalizar estas concesiones.
Juan Carlos Cárdenas, director de Ecoceanos, expresa que “la exigencia realizada por 32 organizaciones ciudadanas y comunidades costeras al subsecretario de las fuerzas armadas para que haga cumplir la Ley General de Pesca y Acuicultura y elimine 161 concesiones salmoneras en la región de Los Lagos, las cuales desde hace años presentan causales de caducidad administrativa, es un paso estratégico en la lucha contra la corrupción administrativa-empresarial, la cual avala con su comportamiento permisivo, tanto la destrucción ambiental, como la violación de la legislación vigente de parte de las salmoneras nacionales y transnacionales”.
Asimismo, Cardeñas señala que “también se le ha exigido al subsecretario que finalice concesiones salmoneras con causales de caducidad en la región de Aysén y Magallanes, transparentando su número, así como su ubicación geográfica y la empresa propietarias”.
Caducidad
Según lo que establece la Ley General de Pesca y Acuicultura, constituyen causales de caducidad de las concesiones y autorizaciones de acuicultura “no iniciar operaciones en el centro de cultivo dentro del plazo de un año contado desde la entrega material de la concesión o autorización; o paralizar actividades por más de dos años consecutivos”.
Peter Hartmann, presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida y director de Codeff Aysén, manifiesta que en “noviembre pasado el subsecretario de Fuerzas Armadas en reunión telemática, en la cual estaba presente la diputada Javiera Morales, se comprometió a entregar dentro de un mes información que maneja esa repartición sobre las 280 concesiones en causal de caducidad en áreas protegidas, que había denunciado Terram” y puntualiza “hasta hoy esperamos esa respuesta”.
Asimismo, Hartmann precisa “en el intertanto se sabe que hay 406 concesiones salmoneras en causal de caducidad y por nuestra parte le pedimos hace semanas a la senadora Ximena Ordenes y al delegado Provincial de Aysén, Jorge Díaz, conseguir esos antecedentes en lo que compete a la Región de Aysén y aún no han obtenido respuesta”.
Finalmente, el presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida, enfatiza que es vergonzoso el silencio de la autoridad responsable en que se cumpla la ley y que parezca más bien “guardándole las espaldas al Estado Salmonero”, agregando: “Al respecto, vale recordar como esa industria presionó en contra de la prohibición de salmoneras en áreas protegidas en la ley del SBAP (servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), argumentando se perdería innumerables empleos, lo cual era falso, cuando al mismo tiempo no usan 406 de sus concesiones”.