La Asociación Gremial Chile Rural lanzó una campaña informativa. La que busca aclarar ciertas impresiones que distintas autoridades han manifestado en el contexto del instructivo enviado por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG). El que ordena endurecer los criterios para aprobar subdivisiones de predios rurales. Además de suspender todas aquellas que puedan ser usadas para fines inmobiliarios.
04.10.2022
Por Chile Rural
La iniciativa del gremio se basa en la realización de cápsulas informativas. En las que representantes dan respuesta a afirmaciones erradas por parte de las autoridades. Con énfasis en las facultades de las distintas instituciones dentro del marco legal. Esto es para fiscalizar y tomar medidas frente a la problemática de la subdivisión de predios rurales.
En su primer capítulo, Carlos Gajardo, asesor jurídico de Chile Rural, respondió a Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas. Quien aseguró en el Seminario Alza de Parcelaciones en la Patagonia “Una amenaza socioambiental”, que como municipio “estamos de frentón paralizando proyectos. Paralizando nuevos proyectos inmobiliarios rurales. Ya que no cuentan con permisos de edificación de sus urbanizaciones, entendiendo el problema que hay detrás”.
Respuestas de Chile Rural
Respecto a ello, Gajardo explicó que la afirmación de Gárate “es incorrecta. Por cuanto los municipios no tienen facultades para paralizar proyectos. Lo que la ley les permite en caso de que estimen que no se cumplen los requisitos en una determinada subdivisión predial, es efectuar la denuncia. Y remitir esos antecedentes al juzgado de policía local. Lo que está sucediendo en los hechos es que por la vía administrativa se está efectuando una modificación a la manera en que durante los últimos 30 años se han hecho las subdivisiones prediales. Una modificación de este tipo, solo la puede hacer el legislador, es el congreso quien tiene esa atribución. Al obrar de esta manera el municipio está actuando ilegalmente”.
En una segunda presentación, Gajardo respondió a Elías Araya, jefe del Departamento de Protección y Conservación de Suelos y Aguas del SAG. Quien en conversación con el canal 24 Horas aseguró que “se han incorporado nuevos criterios en el proceso de revisión. Criterios que apuntan específicamente a velar porque las solicitudes que se presenten sean de aquellas alineadas con el objetivo 3.516. Es decir, alguien eventualmente viene a presentar una solicitud con claros fines inmobiliarios. Entenderá usted que estamos obligados por ley a resolver en negativo”.
Carlos Gajardo explicó que “el SAG no puede incorporar nuevos criterios que no sean aquellos que están establecidos en la ley. Donde expresamente se señala que los predios pueden ser divididos libremente por sus propietarios en el artículo primero. Si estima que se vulnera el decreto ley 3.516, lo que debe hacer es presentar la denuncia al juzgado de policía local correspondiente. El SAG no es el que crea la ley. Si no le gusta la norma es el congreso el único que puede modificarla”.
Cápsulas explicativas
Desde Chile Rural explicaron que la idea es seguir realizando cápsulas explicativas. Con el fin de aclarar distintas aseveraciones erradas que autoridades han instalado en la contingencia.
Tomás Prado, presidente del gremio, explicó que “llevamos varios meses enfrascados en una discusión que, por ley, debe generarse en el Congreso. Pero diversas autoridades definieron que fuera de una forma arbitraria, a través de instructivos que están por debajo de la normativa legal. Como gremio alzamos la voz al tema que está bastante manoseado por una serie de actores que antes, jamás opinaron, y que hoy, se sienten grandes referentes. Esta campaña que hemos iniciado busca aclarar y confrontar una serie de declaraciones y opiniones de autoridades y actores asociados, que requieren contraparte. Es por ello que daremos fuerza a nuestro relato. Que representa a muchísimas personas que trabajan en este rubro afectado. A tantas familias que han visto truncado su sueño de adquirir un sitio rural.”
