Concejales de Puerto Varas solicitaron el cobro de las boletas en garantía de la empresa de casinos y juegos Enjoy. El diputado Rodrigo González (PPD), quien fuera presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados por el Caso Enjoy, dijo que “Puerto Varas tiene que recibir el aporte que corresponde de acuerdo al contrato de concesión”. Esta comisión cuestionó el accionar de la Superintendencia de Casinos y Juegos (SCJ) y supuestos “favores” a la empresa Enjoy. Al respecto el diputado Andrés Celis (RN), miembro de la comisión, declaró que “estamos analizando la presentación de una querella contra la SCJ por prevaricación administrativa pues estimamos que cometieron una negligencia inexcusable”. Todo esto por conceder una prórroga en el pago de las garantías de la empresa que debían ser pagados a los municipios de Coquimbo, Viña del Mar y Puerto Varas. Además, la comisión de diputados puso atención en un posible conflicto de interés entre el Presidente de la República y las operaciones realizadas por su fideicomiso ciego y sus inversiones. La Contraloría General de la República respondió que Sebastián Piñera no tenía conocimiento sobre dónde está invertido parte de su dinero.
28.07.2021
Por Francisca Vargas
Enjoy Puerto Varas se adjudicó la concesión para operar por 15 años el casino de juegos de la ciudad en 2018. En la licitación la empresa comprometió obras de infraestructura que debieron llevarse a cabo para que el recinto estuviera funcionando en junio de este año. Pero esta operadora chilena de casinos y hoteles no ejecutó los trabajos acusando al gobierno local, bajo la administración de Ramón Bahamonde, ex alcalde de Puerto Varas, de obstaculizar su trabajo a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), organismo que se negó a entregarles los permisos municipales. Por esta razón, Enjoy solicitó a la Superintendencia de Casinos y Juego que reconozca la imposibilidad de ejecución y que la libere de la responsabilidad de pagar la garantía al municipio por incumplimiento del contrato.
El diputado Rodrigo González (PPD) presidió la Comisión Investigadora de Casinos que investigó el Caso Enjoy. El diputado comentó que conoce de los reclamos, donde los concejales y el ex alcalde de Puerto Varas pidieron que la Superintendencia cumpliera con el trámite de exigirle las boletas de garantía y el pago de las deudas. Agregó que “la Superintendencia se ha negado terminantemente a eso, no ha tomado una decisión y por otra parte, se ha negado absolutamente con sus obligaciones. Ahí hay una situación pendiente, donde la Superintendencia no ha tomado las decisiones que debería haber tomado. Y por esto también está repitiendo un poco las mismas conductas que tuvo en general con Enjoy”.
“Puerto Varas tiene que recibir el aporte que corresponde de acuerdo al contrato de concesión. Entiendo que ese no es exactamente el mismo que recibe la Municipalidad de Viña del Mar. Por lo que entiendo, a Puerto Varas le correspondería una cifra que corresponde a un pago por 15 años anual de $4.995 millones de pesos, que se distribuye también para el gobierno regional y la municipalidad. Y una cifra del proyecto en general es de $24 millones de dólares. Enjoy se ha negado a cumplir con sus obligaciones y por lo tanto la Superintendencia de Casinos debiera cobrar la boleta de garantía y obligar al pago de la renta por la concesión que se encuentra impaga. Entiendo yo que la boleta en garantía es de US$12 millones”, explicó el diputado Rodrigo González.
El congresista también expuso que desde el año pasado Enjoy quería renunciar a las licencias de Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Coquimbo. Diciendo que es una situación que se debe a la pandemia y a las condiciones del estallido social que le han impedido por fuerza mayor cumplir con sus obligaciones.
Cuatro concejales de la comuna enviaron una carta el 22 de junio de 2021 a Diego Paulsen, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de la República. Exponiendo los antecedentes relativos a irregularidades en el actuar de la empresa Enjoy. Solicitaron que “se proceda a investigar la actuación de la Superintendente de Casinos y Juegos y que se adopten las medidas necesarias para que los organismos públicos competentes, cobren efectivamente las boletas de garantía que Enjoy, a través de la su filial ‘Casino de Puerto Varas S.A’, debe pagar por el incumplimiento negligente de su obligación de construir el Casino de Puerto Varas”. Establecieron que, hasta mayo de 2020, existió en Puerto Varas:
- una empresa que realizó una oferta temeraria,
- que estaba en quiebra,
- que renuncia a la licencia de casino que posee,
- que la Seremi de Vivienda respalda el actuar de la DOM de Puerto Varas,
- que el proyecto presentado por Enjoy excede normativamente a la vía que enfrenta,
- que es modificado por la SCJ sin consulta a la Municipalidad de Puerto Varas,
- que la SCJ señala que a su juicio el actuar de la DOM de Puerto Varas no es un caso fortuito o fuerza Mayor.
La apertura del nuevo Casino de Enjoy significaba el ingreso anual a las arcas municipales de 151.501 UF, lo que implicaba un aumento de 39% en los ingresos del municipio de la ciudad de las rosas. Además del monto de los impuestos que establece la ley de Casinos de un 20% sobre los ingresos brutos de juego, que se repartirían en un 50% para el municipio y en un 50% para el Gobierno Regional de Los Lagos.
Por otro lado, el diputado Rodrigo González explicó el contexto de lo ocurrido en Viña del Mar: “A Viña del Mar se le pagó porque la Superintendencia emitió una resolución obligándolo a pagar sus compromisos contractuales. Y, por lo tanto, a realizar las obras que tiene que realizar en la plaza Colombia y además pagar la renta anual que tiene que pagarle y que consiste en $22 mil millones. De los cuales se fraccionaría a la mitad porque el contrato se comenzaría a cumplir solamente en los próximos seis meses. Ya han transcurrido seis meses en que no se cobraría el valor del contrato. Lo que también, desde mi punto de vista no corresponde porque este contrato no debería fraccionarse y Enjoy debería pagar el año completo. La Superintendencia entre los tantos favores que le ha hecho a Enjoy digamos, además de perdonarle y prorrogarle los plazos de pago, les ha hecho estos favores y estos mismos favores no se los quiere conceder a la Municipalidad de Puerto Varas”.
El Caso Enjoy se activó gracias a los resultados de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre las ventajas que habría tenido esa cadena de casinos, luego de una prórroga que los benefició para no pagar los cheques en garantía al momento de que estos expiraron. Según los parlamentarios, la Superintendencia de Casinos de Juego incumplió su rol como fiscalizadora en una serie de materias vinculadas con la gestión de Enjoy. El informe fue aprobado por la Sala de la Cámara y advirtió que Enjoy obtuvo licitaciones en 2018 por las cuales no pudo responder y cuyo origen no habría estado en la situación causada por la pandemia.
La comisión investigadora también cuestionó al Presidente de la República por un posible conflicto de interés por las entidades que administran su dinero. Además de eso, por la promulgación del Decreto 77, emitido por la Subsecretaría de Hacienda, que permitía una prórroga que beneficiaría solamente a Enjoy y sus operaciones en Viña del Mar, Coquimbo y Puerto Varas. Prórroga que impidió a las municipalidades cobrar las millonarias garantías al no cumplirse las obras comprometidas por contrato.
“Estamos analizando la presentación de una querella contra la SCJ por prevaricación administrativa pues estimamos que cometieron una negligencia inexcusable, al dictar una resolución manifiestamente injusta como fue la prórroga de plazos para suspender los cobros de la garantía”, aseguró el diputado Andrés Celis (RN).
El diputado Rodrigo González se refirió a los alcances de la investigación realizada por la comisión de la Cámara, “la Comisión descubrió que la Superintendencia había hecho varios ‘favores’ o condiciones especiales, permitiéndoles desarrollar juego online, lo que está estrictamente prohibido por la ley, permitiendoles hacer préstamos a jugadores, lo que también está estrictamente prohibido por la ley. Dándole facilidades especiales para la evaluación de los proyectos que Enjoy presentó cuando hizo sus ofertas para la licitación y permitiendole que presentaran ofertas temerarias. O sea, ofertas que eran imposibles de cumplir. Lo que causó finalmente la insolvencia de Enjoy, porque tenían menos ingresos de las utilidades que recibían por la explotación de los casinos. Lo que motivó finalmente que Enjoy estuviese a punto de la quiebra y tuviese que solicitar un proceso de reorganización”.
“Reorganización que tuvo lugar y que a través del Decreto 77 que dictó el Presidente de la República permitiéndole prorrogar todas las fechas y permitió que esa organización pudiera ocurrir y habiendo pasado todo el patrimonio accionario a manos de nuevos dueños de la empresa Enjoy. Hoy día los nuevos dueños son especialmente compañías de seguros, entre las cuales se encuentran Euroamérica y el grupo Penta. Que son los que hoy día son los accionistas mayoritarios”, agregó el diputado (PPD).
También declaró que “la comisión investigadora ya terminó su labor y ya emitió su informe. Estableció las irregularidades que yo le señalé. Además de una irregularidad que le permitió cambiar las boletas de garantía por pólizas de seguros, lo que facilita mucho más las garantías que obligatoriamente tenía que entregar la empresa. (…) Entonces todo esto marca un conjunto de irregularidades y anomalías en la fiscalización que la Superintendencia ha hecho. Tratándola como una empresa regalona, con privilegios, que no se corresponde con el rol de la Superintendencia”.
Sobre el Presidente Sebastián Piñera, el Decreto 77 y un posible conflicto de interés por tres entidades que administran su dinero y que tendrían inversiones en acciones y pasivos de Enjoy, la Contraloría aseguró que “no existen elementos objetivos para que se configure un conflicto de interés con ocasión de la dictación del Decreto 77, por lo que no se advierte una infracción al principio de probidad administrativa”. Se detalló, eso sí, que no se tuvo acceso al contrato de mandato referido y que en la medida que el Presidente no haya tenido conocimiento efectivo de la inversión de sus activos, no resultaba exigible a esa autoridad abstenerse de ejercer atribuciones propias de su cargo, expuso en un comunicado el diputado Andrés.
Las empresas que administran la fortuna del Presidente de la República son Altis, BTG Pactual Chile y Moneda Asset Management, que tendrían inversiones en Enjoy. Es por esta razón que la Comisión Investigadora del Caso Enjoy solicitó a la Contraloría General de la República su pronunciamiento al respecto. El órgano contralor respondió que Sebastián Piñera no tenía conocimiento sobre en qué están invertidos sus dineros del fideicomiso ciego. Por lo que no habría conflicto de interés entre el Presidente y Enjoy.
El diputado Rodrigo González, al respecto denunció que “Contraloría lo que hace es que señala que actualmente no habría conflicto de interés del Presidente, pero no puede investigar porque no tiene acceso a las inversiones del fideicomiso ciego del Presidente. De que hubiese habido algún incumplimiento, alguna situación irregular en el comportamiento del Presidente de la República. Pero, sin embargo, a la Superintendencia de Casinos le dice que ha cometido una grave ilegalidad, que no cumplió con la ley y que la dictación del decreto de prórroga que le dio a los casinos en general no se atuvo a derecho. Y esto va a motivar de que la Contraloría haga auditorías a todo el sistema de casinos. Y además seguramente le aplique graves sanciones a la Superintendencia. Eso también va a motivar que también ya conociendo la situación de ilegalidad en que está Enjoy nosotros dentro de los próximos días presentemos una querella en relación con el delito de prevaricación respecto de la Superintendencia de Casinos”.
En un comunicado emanado desde Presidencia de la República de Chile ante la consulta de los periodistas sobre el Caso Enjoy, el 21 de julio del presente, se informó lo siguiente: “Hoy la Contraloría General de la República confirmó la plena legalidad de las actuaciones del Presidente de la República respecto a Casinos Enjoy. La Contraloria descartó la existencia de conflictos de interés y cualquier irregularidad en la constitución y ejecución de sus fideicomisos ciegos. Este dictamen es coherente con un principio de actuación permanente del Presidente de la República de probidad, transparencia y pleno apego a la ley en sus actuaciones”.
(Última actualización realizada el 28.07.2021 a las 18:50 hrs. por un error en el título y en el contenido de la nota. Fe de erratas: decía 12 mil millones y la cifra correcta correspondía US$12 millones)