El Gobierno propone crear la División de Igualdad y No Discriminación en la reforma a la Ley Zamudio. Contaría con un Consejo y un presupuesto anual de 677.413 millones de pesos. El Subsecretario de DDHH se reunió con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para discutir la propuesta. La división se encargaría de promover planes y políticas contra exclusiones, coordinar sector privado y público, capacitar y orientar a víctimas de discriminación. Aunque no cuenta con toda la densidad deseada, es un paso importante. La entidad también tendría un Consejo de Igualdad compuesto por representantes de diversas instituciones y organizaciones.
03.08.2023
Por Movilh
La denominada División de Igualdad y No Discriminación será tramitada en el marco de la reforma a la Ley Zamudio. Estará conformada por un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria y tendrá un costo anual de 677.413 millones de pesos anuales. El Subsecretario de DDHH se reunió ayer con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para abordar los alcances de la iniciativa.
El Gobierno del presidente Gabriel Boric ingresó esta semana a tramitación una indicación al Proyecto de Ley que Reforma la Ley Zamudio con miras a crear una División de Igualdad y No Discriminación, un antigua demanda impulsada por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) para dotar al país de una entidad estatal que haga frente a las exclusiones arbitrarias.
Los alcances División de Igualdad y No Discriminación fueron conversados ayer por el Movilh con el subsecretario de DDHH, Xavier Altamirano, en cita sostenida en dependencias del Ministerio de Justicia.
Discriminación
“Estamos esperanzados con este paso dado por el Ejecutivo, pues con la institucionalidad antidiscriminatoria todas las políticas públicas y leyes contra las exclusiones arbitrarias aprobadas desde la recuperación de la democracia tendrán efectivo seguimiento y podrán ser perfeccionadas o actualizadas. Con una institucionalidad estatal se avanzará decididamente para que el derecho humano a la no discriminación deje de depender de las autoridades de turno”, dijo Rolando Jiménez, histórico dirigente del Movilh.
Jiménez añadió que “si bien la institucionalidad propuesta por el Gobierno no tiene la densidad económica e institucional que hubiésemos querido, en caso de ser aprobada, sin duda es un primer paso para luego ir fortaleciéndola en función del trabajo y demanda que vaya teniendo”.
La División de Igualdad y No Discriminación, de acuerdo a la indicación gubernamental, quedará radicada en la Subsecretaría de DDHH del Ministerio de Justicia y tendrá como fines promover “planes, políticas y programas” contra las excusiones , “prestar apoyo a los órganos del Estado”, “propender a la coordinación del sector privado con el sector público”, “diseñar y ejecutar programas de capacitación y promoción”, “difundir contenidos” favorables a la diversidad social, “orientar” a las víctimas de la discriminación y “celebrar convenios”.
División de Igualdad
La División de Igualdad y No Discriminación contará con un/a Jefe/a de División y 13 profesionales a nivel central, siendo su presupuesto anual proyectado de $856.058 millones para su primera etapa y de $677.413 millones anuales desde el segundo año en adelante
La entidad contempla además un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria compuesto por el/a Subsecretario/a de Derechos Humanos, que será su presidente/a, y un/a representante de la Subsecretaría General de Gobierno, del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género; del Poder Judicial, del Senado, de la Cámara de Diputadas y Diputados, del INDH y de la Defensoría de la Niñez. A estos se añadirán seis representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Sector empresarial
A su vez, tendrán derecho a voz, un representante del sector empresarial y otro del campo laboral. El Consejo, señala la indicación sesionará cada seis meses. Sus recomendaciones “serán de carácter público y deberán recoger la diversidad de opiniones existentes en el cuando no haya unanimidad respecto de estas”. Entre otras labores, el Consejo recomendará políticas públicas, evacuará informes y requerirá antecedentes a otros órganos estatales
