La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Puerto Montt detectó, este fin de semana, a un individuo de iniciales C.V., que tenía a seis personas venezolanas, tres hombres y tres mujeres y entre ellas una niña de cinco años, en condiciones precarias y de abuso laboral en el Club de Campo Residencial de Puerto Varas y en una parcelación camino a Alerce. El imputado fue formalizado el domingo por el delito de trata de personas. Quedó en prisión preventiva y la Fiscalía estableció un plazo de investigación de 60 días. Carlos Geisse, delegado presidencial de Los Lagos, condenó los hechos y a “este tipo de personas aprovechando la vulnerabilidad de sujetos que vienen arrancando de un país los usan en el trabajo en este caso y en otros casos los usan en trata sexual”. Diario Puerto Varas contactó a Brenda Carmona, administradora del Loteo 1 del Club de Campo Residencial, quien expresó que “la policía me pidió específicamente que no demos ningún tipo de información porque todo eso genera distorsiones en la investigación”.
26.07.2021
Por Francisca Vargas
El sábado recién pasado, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Puerto Montt detuvieron a un hombre de 39 años por presunta responsabilidad en el delito de trata de personas. Este no presentaba antecedentes policiales y quedó en prisión preventiva por ese delito por estimar que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas. Se puso a disposición del Tribunal y la Policía de Investigaciones seguirá investigando para establecer todos los nexos y contactos que el hombre tenía.
Fabián Fernández, fiscal de Puerto Varas, se refirió a la detención y prisión preventiva del imputado por delito de trata de personas con fines de explotación laboral, perpetrado contra venezolanos desde 2020 en sector Club de Campo Residencial: “fue posible establecer como en este caso el imputado durante el año 2020 y parte del 2021 habría propiciado el ingreso hasta nuestro país de personas de nacionalidad venezolana, a quienes engañaba bajo promesas de un trabajo estable, de buenas condiciones laborales, regularización de situación migratoria”.
“Sin embargo y una vez que la víctima llegaba a Puerto Varas, el imputado propiciaba que las víctimas se desempeñaran en distintas labores y en distintas faenas de las cuales era encargado el imputado sin un mínimo de prestaciones laborales. Sin un pago de remuneraciones, sin un contrato de trabajo, incluso manteniendo a la víctima viviendo en una residencia a medio construir en las parcelaciones Club de Campo Residencial de la comuna de Puerto Varas. Sin ventanas, sin puertas, sin agua potable, sin un sistema de alcantarillado. Incluso cohabitando con una hija de cinco años de la víctima. Y con labores que se extendían durante los siete días de la semana y por jornadas laborales más allá incluso de las 10, 11, 12 horas en algunos casos. Y sin alimentación”, agregó el fiscal de Puerto Varas.
Según Jaime Orellana, subprefecto y jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Puerto Montt, el imputado, que trabaja con su señora en materias de construcción, actuó de forma particular. No hay una jerarquía en el delito. Solo a través de otro venezolano que estaba siendo víctima de trata, contactó a otras personas que estaban en el extranjero y los trajo a la zona a realizar las faenas. Esto mediante amenazas de ser denunciados. Lo anterior significa una dependencia para los venezolanos, ya que se sienten limitados en su forma de vivir y quedan sujetos a quien los vulnere.
El subprefecto añadió que “la limitación del desplazamiento se debe básicamente a la situación económica que están viviendo. No tienen el recurso suficiente para poder ir a otro lugar. Existen amenazas de ser denunciados, de ser deportados. Por lo tanto, quedan sujetos a las condiciones o a las reglas que imponía esta persona. Uno de estos trabajadores se lesiona en una de las faenas, se fractura su muñeca y tampoco es asistido por el empleador, sino que queda ahí a la deriva. Nosotros lo encontramos viviendo en esta especie de bodega junto a su señora y ahí estaba sin alimento, sin condiciones mínimas para poder sobrevivir”.
La familia venezolana estaba viviendo una situación complicada e indigna. Las investigaciones lograron establecer que el matrimonio y la menor de cinco años de edad vivían en precarias condiciones y sin suministros básicos para sobrevivir.
Carmen Gloria Wittwer, fiscal regional de Los Lagos, declaró que “es importante señalar que las víctimas están siendo apoyadas en estos momentos por la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional. Ellos están precisamente coordinando todo lo que es la ayuda principalmente social que puedan requerir estas personas migrantes para poder recuperar su dignidad y poder vivir en un ambiente más digno mientras dure la investigación.”
Detectives fueron hasta el Club de Campo Residencial, una conocida parcelación de la comuna de Puerto Varas, donde encontraron a estos tres extranjeros, quienes se mantenían en precarias condiciones al interior de una obra en construcción.
En los loteos 1 y 2 del recinto hay en edificación 72 obras. Diario Puerto Varas contactó a Brenda Carmona, administradora del Loteo 1 del Club de Campo Residencial, quien comunicó que: “La policía me pidió específicamente que no demos ningún tipo de información porque todo eso genera distorsiones en la investigación. Hasta que ellos me digan que ya se investigó y que terminaron con la investigación, porque lo que menos queremos es entorpecer en el tema. La idea es que se aclare todo bien y que se hagan bien las cosas. Y como te digo están recién en el proceso de investigación”.
Gastón Herrera, prefecto inspector y jefe regional de la Policía de Investigaciones Los Lago al respecto expresó que: “en virtud a ese antecedente que tenía la Brigada Antinarcóticos (Brianco), que trabajó rápidamente con el Ministerio Público y lograron conseguirse la orden de detención con el Tribunal de Garantía para poder detenerlo. Esto se daba en la comuna de Puerto Varas y las condiciones eran demasiado precarias en las que las tenía esta persona. Casi no los remuneraba, los remuneraba básicamente con alimentación y los tenía alojados en situaciones muy indignas. Este es un delito emergente en la actualidad y para nosotros y para la Fiscalía y obviamente para el gobierno es de suma importancia porque en virtud a la migración clandestina que hace esta persona quedan en estas situaciones de vulnerabilidad que son aprovechadas por gente inescrupulosa.”
La Policía de Investigaciones intervino un segundo predio ubicado en una parcelación camino a Alerce, donde encontraron otros tres extranjeros que vivían en condiciones similares. Sobre esta situación Jaime Orellana, subprefecto y jefe de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Puerto Montt, comentó que: “al visitar el inmueble también de esta persona se logra establecer que existían tres personas más en las mismas condiciones viviendo en un lugar, en una dependencia en el mismo recinto donde estaba la casa de esta persona, en precarias condiciones también, sin los elementos básicos. Aquí se prometieron algunas cosas, existen algunos elementos comisivos que son propios de la trata de personas. Hay un aprovechamiento de la vulnerabilidad. Hay engaño, promesas de trabajo que no fueron remuneradas. Y por lo tanto se pudo configurar este delito que es bastante particular, por decirlo de alguna manera.”
Todas las víctimas, tres hombres y tres mujeres, se mantenían de manera irregular en el país. En su mayor parte habían ingresado de forma clandestina. No comían en forma regular y no recibían pago por su trabajo, por el que tampoco firmaron un contrato.
Carlos Geisse, delegado presidencial de Los Lagos dijo que: “Aquí estamos ante un hecho relativamente nuevo, algo que no ocurre habitualmente en esta zona. Y ante esta situación, por una parte destacar el trabajo de la Fiscalía y de la PDI, que fue un trabajo rápido, oportuno y eficaz. Y por otra parte, condenar este tipo de personas que aprovechando la vulnerabilidad de sujetos que vienen arrancando de un país, los usan en el trabajo en este caso y en otros casos, los usan en trata sexual”.
“Este tipo de cosas no pueden comenzar a pasar en nuestra zona. Nuestra zona estaba libre de esto. Sin bien tenemos gente inmigrante que llegan acá, pero esa gente tiene la posibilidad y tienen que trabajar en forma honrada y cumpliendo las normas. Cuando hay gente que se aprovecha de ellos, aprovechando su vulnerabilidad hay que perseguirla y condenarla. Así que esperemos que la justicia pueda determinar una pena justa que sea ejemplificadora para que esto no siga ocurriendo en la zona. Cuando las personas ingresan de forma ilegal están incumpliendo la ley, por lo tanto tienen que ser expulsados. Cada caso se analiza depende de su mérito. En el caso de ellos habrá que evaluar cuál es la condición en la que están”, añadió el delegado presidencial.
