Después de 43 días de huelga legal, el Sindicato de Parquímetros de Puerto Varas se reunió con el alcalde Tomás Gárate para exigir mayor fiscalización a la empresa concesionaria de estacionamientos. La municipalidad, junto con la Inspección Comunal del Trabajo, confirmó incumplimientos graves y cursó multas. Además, Cristian Coronel, dueño de la empresa “Servicio de Estacionamientos Controlados S.A.” (SEC) presenta denuncias por irregularidades y malas prácticas laborales en distintas comunas del país y una condena penal en Cochabamba, Bolivia.

01.04.2025
Por Constanza Hitschfeld

A más de 40 días del inicio de la huelga legal de los Parquímetros de Puerto Varas por sus derechos humanos y laborales, finalmente los representantes del sindicato pudieron reunirse con el alcalde Tomás Gárate en las dependencias municipales el día de ayer. Instancia en la que los trabajadores solicitaron mayor fiscalización por parte del municipio al “Contrato de Concesión Sistema de Cobro de Estacionamientos de Vehículos Motorizados”, suscrito el 28 de septiembre de 2023, con la empresa “Servicio de Estacionamientos Controlados S.A.” (SEC), de propiedad de Cristián Coronel.

Ángel Cabrera, abogado y asesor del sindicato de Parquímetros de Puerto Varas, tras la reunión comentó “la impresión que tengo es que la municipalidad no ha tomado partido por los trabajadores, tampoco por la empresa. Seguramente ellos están velando por los intereses propios. Nosotros les hemos pedido, que en ese sentido, exista mayor presencia en la fiscalización del mismo contrato”.

Cronología

Los parquímetros de Puerto Varas comenzaron a denunciar vulneraciones laborales graves en septiembre del año pasado. Protestaron frente al municipio este 14 de enero y comenzaron una huelga de brazos caídos. El 21 del mismo mes sostuvieron una reunión con la empresa y acordaron mejoras urgentes, pero SEC no cumplió los acuerdos. El 12 de marzo, durante la sesión ordinaria N° 10 del Concejo Municipal, visibilizaron sus demandas a los concejales y hace 44 días se encuentran en huelga legal y en un proceso de negociación colectiva mediada por la Inspección del Trabajo.

Derechos laborales 

“La vulneración de los derechos de los trabajadores es un incumplimiento del contrato de la licitación. No solo afecta a los trabajadores desde la perspectiva de sus remuneraciones, sino que también el acceso a baños y agua potable, que es una condición humana básica y necesaria establecida en nuestra legislación y distintos dictámenes de la Dirección del Trabajo”, agregó Ángel Cabrera.

Multas cursadas

Tanto la Inspección Comunal del Trabajo como la Municipalidad de Puerto Varas pudieron constatar en terreno incumplimientos graves por parte de la empresa SEC al contrato de Licitación Pública (N° 2852-2-LR23), sumando la concesionaria hasta la fecha un total de seis multas cursadas.

Eventual término anticipado de contrato

Tomás Gárate, alcalde de Puerto Varas, luego de reunirse con los parquímetros, enfatizó “se han constatado múltiples incumplimientos laborales y también en la interrupción de un servicio que es esencial para nuestra comunidad. En ese contexto no descartamos un eventual término anticipado del contrato, cuestión que estamos evaluando. En este momento estamos abocados a nuestro rol fiscalizador en el que, además, hemos sumado como aliado institucional a la Dirección del Trabajo y así poder fiscalizar de manera conjunta las múltiples dimensiones que involucra este servicio”.

“Esta es una cuestión que nos preocupa y nos ocupa, ya que cada uno de los trabajadores que le brindan servicios a la comuna, mediante empresas externalizadas, deben tener todas las condiciones laborales necesarias para ejercer bien su trabajo y cautelar su bienestar. Por lo mismo, como municipalidad no solamente hemos asumido un rol de mediación con las partes, con el sindicato y con la empresa, sino que también hemos fiscalizado que dichas medidas se cumplan”, añadió Tomás Gárate.

Polémico historial: Bolivia y Chile 

El entramado societario que construyó Cristián Coronel a lo largo de los años le permitió adjudicarse licitaciones de estacionamientos en comunas de todo Chile e incluso en Bolivia. El denominado “Zar de los Parquímetros” tuvo y tiene concesiones en Providencia, Recoleta, Rancagua, Quilpué, Villa Alemana, Talca, Chillán, Los Andes, Concepción, Valparaíso, Quillota, Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt, Punta Arenas y Cochabamba en Bolivia.

Cochabamba: Condena penal

Cristian Coronel incumplió el contrato de administración y control del “Servicio de Estacionamientos de Cochabamba”, en Bolivia. En el vecino país, su empresa “ECM Ingeniería Prosertec” no efectuó la inversión que ofreció. Tras amenazar con cobros de casi tres millones de dólares al municipio boliviano, el 4 de agosto de 2003 el Juez de Partido Liquidador en lo Penal de Cochabamba dictó sentencia declarando a Cristián Coronel autor de los delitos de incumplimiento de contrato y evasión de impuestos, condenándolo a la pena de tres años de reclusión, según consignó el medio de circulación nacional boliviano Opinión.

Providencia denuncia cohecho

Evelyn Matthei, exalcaldesa de Providencia, presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente por presunto cohecho cometido en la prestación del servicio de cobro de parquímetro entre 2016 y 2017. Las irregularidades involucrarían a Juan Pablo Contardo, director de Tránsito municipal, y la empresa “Concesiones Providencia S.A.”, de propiedad de Cristián Coronel, según publicó La Tercera.

Los Ángeles y cobros unilaterales

En 2014 el alcalde de Los Ángeles denunció cobros unilaterales y la cancelación del tiempo de libre disposición que tenían los conductores para completar la media hora de estacionamiento en las vías licitadas del centro de esa comuna. Cristián Coronel en ese tiempo dijo desconocer el hecho y que no había dado ninguna instrucción de cambio en el sistema de cobro, según constató BioBio.

A lo anterior se suma una amenaza de aumento de precio de parquímetros si la Municipalidad de Los Ángeles no firmaba pronto la ratificación del acuerdo arribado con la empresa ECM, de propiedad de Cristián Coronel, en agosto de 2016, según consignó La Tribuna.

Valdivia y prácticas antisindicales  

El 23 de julio de 2024 la Inspección Comunal del Trabajo de Valdivia interpuso una denuncia por práctica antisindical en contra de la empresa “Concesiones Valdivia S.A.”, cuyo representante legal es Cristián Coronel. El órgano fiscalizador denunció actos constitutivos de prácticas antisindicales al atentar contra la libertad de los trabajadores. Posteriormente, llamó a las partes a conciliación, pero esta no se produjo.

Punta Arenas: Millonaria deuda y conflictos legales

El 2 de febrero de 2021 la empresa de Cristián Coronel se adjudicó el contrato “Concesión Control Estacionamiento de Vehículos, comuna de Punta Arenas”, con una duración de cinco años. En diciembre de 2023 la Municipalidad de Punta Arenas puso fin al contrato por “incumplimientos graves” y por una deuda millonaria que habría mantenido con dicho municipio.

Sin embargo, a pesar de los argumentos de trabajadores y las autoridades comunales, los abogados de Cristian Coronel interpusieron un recurso de protección en contra del municipio. Esto debido a que el municipio habría puesto fin al contrato “de forma arbitraria e ilegal” lo que amenazaría “seria y gravemente los derechos fundamentales que les asisten a las empresas”, según dijo Cristián Coronel a La Prensa Austral.

¿Cómo es posible que Cristián Coronel siga adjudicándose licitaciones en distintas comunas de Chile?

La respuesta pareciera apuntar a un entramado de influencias, posibles vacíos legales y eventuales complicidades dentro de las municipalidades. Alcaldes, directores de tránsito y funcionarios claves que habrían permitido que este “empresario” mantenga el control del negocio de los parquímetros en nuestro país, a pesar de reiteradas denuncias y acusaciones.

Mientras su historial se expande por Chile, cabe preguntarse, ¿qué hará la Contraloría, Fiscalía o el Congreso para evitar que el “zar de los parquímetros” siga moviendo sus fichas para perpetuar su modelo?

Así las cosas, el feroz lobby que realizó Cristián Coronel en el Congreso a través de la Asociación Chilena de Propietarios, Operadores y Concesionarios de Estacionamientos (Apoce A.G.), constituida justo cuando un proyecto de ley pretendía acotar sus cuantiosas ganancias, pareciera demostrar que sus influencias operan más allá de las comunas que poco visita.